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Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe
Tendencia de crecimiento general, pero ¿por cuánto tiempo? Hechos recientes: Según estimaciones, América Latina y el Caribe creció un 0,9 por ciento en 2017, después de dos años de contracción. El crecimiento de Brasil, más sólido de lo previsto, se vio contrarrestado por la recesión de la República Bolivariana de Venezuela, que fue más profunda de lo que se había pensado. El consumo privado fue el principal factor que contribuyó a la actividad económica de la región, mientras que la reducción de las inversiones restó fuerza al crecimiento por cuarto año consecutivo. Se estima que Brasil creció un 1 por ciento después de una pronunciada recesión de dos años, principalmente por la recuperación del consumo privado. El comercio minorista y la producción industrial han repuntado en el país, a pesar de una contracción del sector de la construcción, al tiempo que la confianza de los consumidores se ha mantenido estable y las condiciones del mercado laboral han mejorado. Argentina se recuperó de la recesión y creció a una tasa estimada en un 2,7 por ciento, impulsada por una sólida recuperación de la inversión y un aumento del consumo privado. En varios países exportadores de productos básicos, la contracción o el debilitamiento de la producción de las industrias extractivas frenó el crecimiento durante 2017. La moderación de los precios del petróleo y la maduración de los yacimientos petrolíferos afectaron a Colombia, las huelgas redujeron ampliamente la producción minera en Chile a principios de año, y la incertidumbre política rezagó el crecimiento de Chile y Perú. Las grandes inundaciones a principios del año incidieron negativamente en el crecimiento del Perú. En 2017, México amplió su economía ligeramente más de lo previsto, en un 1,9 por ciento. El consumo privado se mostró resiliente gracias a las condiciones saludables del mercado laboral, aunque se estima que la inversión se contrajo. Daños de infraestructura y reducción del turismo relacionados con los huracanes causaron graves impactos económicos en muchos países del Caribe durante la segunda mitad del año, por lo que se estima que el crecimiento de esta subregión se redujo a 2,3 por ciento, en comparación con el 3,3 por ciento que se preveía en junio. Perspectivas: Se espera que el crecimiento de la región se acelere a un 2 por ciento en 2018 y un 2,6 por ciento en 2019. De acuerdo con las previsiones, el fortalecimiento del consumo y la inversión privados, especialmente en países exportadores de productos básicos, impulsarán el crecimiento. En Brasil, se espera que el crecimiento repunte al 2 por ciento este año, a medida que las mejoras de las condiciones laborales y la baja inflación impulsen el consumo privado, desaparezcan los efectos residuales de la recesión y las condiciones de política respalden más la inversión. Se prevé que Argentina crecerá un 3 por ciento con la ayuda de la inversión en infraestructura. Los esfuerzos de recuperación tras las inundaciones, realizados a principios de 2017, deberían impulsar el crecimiento en Perú, que podría aumentar al 3,8 por ciento este año. Se anticipa que Colombia alcanzará un 2,9 por ciento de crecimiento debido al consumo privado, la recuperación del crecimiento de las exportaciones y reformas estructurales para mejorar la competitividad. Según las estimaciones, Chile crecerá un 2,4 por ciento, debido a que el aumento de los ingresos disponibles, las exportaciones de la minería y las condiciones financieras respaldarán el aumento del consumo y la inversión. El crecimiento de México se pronostica que repuntará al 2,1 por ciento en 2018 y al 2,6 por ciento en 2019 debido a una recuperación en las inversiones, a medida que se diluya la incertidumbre en torno al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al resultado de las elecciones presidenciales de julio. La reconstrucción tras el paso de los huracanes en el Caribe debería permitir una recuperación del crecimiento en esta subregión y llegar a un 3,5 por ciento en 2018. Riesgos: El crecimiento de la región está sujeto a considerables riesgos de desaceleración. La incertidumbre política en países como Brasil, Guatemala y Perú podría frenar el crecimiento. Las perturbaciones generadas por desastres naturales, efectos secundarios negativos provenientes de alteraciones en los mercados financieros internacionales o un aumento del proteccionismo comercial en Estados Unidos, además de un mayor deterioro de las condiciones fiscales de cada país, podrían perjudicar el crecimiento de la región.  Fuente: Banco Mundial. e = estimación; f = pronóstico. Las previsiones del Banco Mundial se actualizan frecuentemente con base en nueva información y en circunstancias mundiales cambiantes. En consecuencia, las proyecciones aquí presentadas pueden diferir de las contenidas en otros documentos del Banco, aunque las evaluaciones básicas de las perspectivas de los países no difieran significativamente en un momento dado. a. El Producto Bruto Interno (PIB) se basa en el ejercicio económico que va de octubre a septiembre del año siguiente.                                  
Global Economic Prospects: Latin America and the Caribbean
Broad-Based Upturn, but for How Long? Recent developments: Growth in Latin America and the Caribbean was an estimated 0.9 percent in 2017 after two years of contraction. Stronger-than-expected growth in Brazil was offset by a deeper-than-anticipated recession in República Bolivariana de Venezuela. Private consumption was the main contributor to activity in the region, while shrinking investment detracted from growth for the fourth consecutive year. Brazil is estimated to have grown 1 percent following a deep two-year-long recession, supported primarily by recovering private consumption. Retail trade and industrial production growth in Brazil has picked up, despite a contraction in construction, while consumer confidence was stable and labor market conditions improved. Argentina recovered from recession and expanded at an estimated 2.7 percent rate, driven by a strong rebound in investment and rising private consumption. In a number of commodity-reliant countries, weak or contracting production in extractive industries held back growth in 2017. Subdued oil prices and oil field maturation affected Colombia, labor strikes reduced mining output sharply in Chile early in the year, and policy uncertainty was a drag on growth in Chile and Peru. Major floods early in the year set back Peru’s growth. Mexico expanded by a slightly stronger-than-expected 1.9 percent in 2017. Private consumption was resilient thanks to a healthy labor market, while investment is estimated to have contracted. Hurricane-related infrastructure damage and reduced tourism had a severe economic impact on several Caribbean countries in the second half of the year, and growth for the Caribbean sub-region is estimated to have moderated to 2.3 percent, from 3.3 percent expected in June. Outlook: Growth in the region is expected to accelerate to 2 percent in 2018 and to 2.6 percent in 2019. Strengthening private consumption and investment, particularly in commodity-exporting countries in the region, are anticipated to enhance growth. In Brazil, growth is expected to pick up to 2 percent this year, as improving labor conditions and low inflation support private consumption, the residual effects of the downturn fade, and policy conditions become more supportive of investment. Argentina is expected to grow by 3 percent with help from infrastructure investment. Recovery efforts after floods in early 2017 should drive growth in Peru, which is expected to accelerate to 3.8 percent growth this year. Colombia is expected to move ahead to 2.9 percent growth thanks to private consumption, recovering export growth, and structural reforms to enhance competitiveness. Chile is forecast to advance by 2.4 percent as rising disposable incomes, mining exports, and financial conditions support consumption and investment growth. Growth in Mexico is forecast to pick up to 2.1 percent in 2018 and 2.6 percent 2019, due to a recovery in investment as uncertainty around the future of the North American Free Trade Agreement and the outcome of July presidential elections fades. Post-hurricane-related reconstruction in the Caribbean should allow growth in the sub-region to recover to 3.5 percent in 2018. Risks: Growth in the region is subject to considerable downside risks. Policy uncertainty in countries including Brazil, Guatemala, and Peru could hinder growth. Disruptions from natural disasters, negative spillovers from international financial market turbulence or a rise in U.S. trade protectionism, and further deterioration of domestic fiscal conditions could all set back the region’s growth.  Source: World Bank. Notes: e=estimate, f=forecast World Bank forecasts are frequently updated based on new information and changing (global) circumstances. Consequently, projections presented here may differ from those contained in other Bank documents, even if basicassessments of countries’ prospects do not significantly differ at any given moment in time. a. GDP is based on fiscal year, which runs from October to September of next year.
Millones de personas en América Latina y el Caribe están a un desastre de regresar a la pobreza
Lima, 29 de noviembre de 2017 – América Latina y el Caribe (ALC) ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, pero la frecuencia de los choques naturales y de aquellos creados por el hombre amenazan con regresar a millones de personas a la pobreza a menos que se aceleren los esfuerzos por mitigar y afrontar estos riesgos, según un nuevo informe del Banco Mundial. “¿Desarrollo Económico Inestable? Choques Agregados en América Latina y el Caribe” señala que los choques agregados (aquellos que afectan a un gran número de gente al mismo tiempo), como los desastres naturales, el crimen, la violencia y las epidemias, representan un desafío considerable para la población vulnerable de ALC, sobre todo en el actual contexto de bajo crecimiento económico y crecientes déficits públicos. “A pesar de los grandes avances en términos de prosperidad de los últimos años, muchas personas en América Latina y el Caribe están tan sólo a un desastre de regresar a la pobreza”, dijo Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Los países deben prepararse mejor y fortalecer su resiliencia ante los choques, para así no perder en un día lo que les tomó años construir”. Entre 2003 y 2012, la proporción de personas en situación la pobreza extrema se redujo a la mitad hasta alcanzar el 12,3 por ciento, mientras que la de aquellos en pobreza moderada bajó de 41,1 a 25,3 por ciento. Sin embargo, prácticamente cuatro de cada 10 hogares siguen siendo considerados como económicamente vulnerables, corriendo el riesgo de volver a la pobreza debido a los choques agregados. Entre 1970 y 2014, la incidencia de los desastres naturales en la región se triplicó. Las lluvias y sequías extremas son una amenaza casi constante. En el Caribe, al menos un país —y muchas veces más de uno— experimenta un huracán o ciclón todos los años. Más de un cuarto de todos los sismos de magnitud 8.0 o más ocurren en el oeste sudamericano. De igual manera, enfermedades infecciosas y virus como el Zika y el Chikungunya proliferan en condiciones cálidas y húmedas de muchos países tropicales de ALC. Además de desastres naturales, la población enfrenta desafíos sociales significativos. En algunos lugares, las tasas de criminalidad y violencia son comparables a las de países en guerra. En otros, existe una proliferación de pandillas juveniles, tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia doméstica. Por su parte, las crisis financieras pueden provocar que el desempleo se dispare. El informe subraya el hecho de que a menudo son los pobres los que más sufren estos choques, así como el menor nivel de empleo y consumo que generalmente surge después de estas crisis. Los grandes desastres naturales o los conflictos civiles suelen afectara las economías locales, destruyendo activos, dañando negocios y alterando los mercados. En consecuencia, las familias sacan a los niños de la escuela con frecuencia para que trabajen, lo que tiene un impacto negativo a largo plazo tanto para estos individuos como para la sociedad en su conjunto. Asimismo, en anticipación al próximo desastre, muchos hogares vulnerables eligen actividades económicas de bajo riesgo y bajo ingreso, perpetuando así la pobreza. “Ante estas amenazas, los países deben trabajar en un frente coordinado para desarrollar resiliencia, especialmente antes de que los choques ocurran”, dijo Javier E. Báez, economista sénior del Banco Mundial y autor principal del informe Javier E. Báez. “Esto significa recopilar más y mejor información sobre los riesgos, fortalecer políticas de preparación ante desastres y gestión de riesgos, así como ampliar los programas necesarios para la recuperación”. Estar listos ante estos choques requerirá del fortalecimiento tanto de los servicios del sector privado como de los públicos. Esto significa desarrollar mercados de crédito y de seguros para contribuir a una recuperación más rápida luego de un desastre, y garantizar unos niveles mínimos de bienestar a través de redes de protección social flexibles. También es crucial reforzar los servicios públicos, incluidos agua potable, saneamiento, educación y sistemas de alerta meteorológica. Se debe construir infraestructura resistente a desastres naturales extremos. Estar preparados requiere grandes inversiones y aunque sus retornos pueden parecer lejanos, el costo de no actuar es infinitamente superior, concluye el informe. Para más información sobre el trabajo del Banco Mundial en América Latina y el Caribe: www.bancomundial.org/lac Visítenos en Facebook: http://www.facebook.com/bancomundial Manténgase informado vía Twitter: http://www.twitter.com/BancoMundialLAC Nuestro canal de YouTube: http://www.youtube.com/user/BancoMundialLAC
¿Cómo ganarle la pelea a la sequía en América Latina?
A mediados del siglo pasado, el aumento de las inundaciones y sequías era una advertencia hecha por pocos. Hoy es una certeza que sufren muchos: en el transcurso de las dos últimas décadas, estos episodios han afectado, en promedio, a unos 300 millones de personas por año en todo el mundo. En América Latina, la incidencia de estos eventos climáticos se triplicó entre 1970 y 2014. Siete de cada 10 desastres naturales se deben a tormentas e inundaciones. Y en el Caribe, al menos un país -a menudo más de uno- es impactado por un huracán o ciclón fuerte cada año, según un informe del Banco Mundial que analiza los llamados “choques agregados” que afectan a la región. Y no solo se trata de tormentas y huracanes; en esta historia, que empuja a nivel global a más de 26 millones de personas a la pobreza cada año, también hay un enemigo que ocupa menos titulares pero que actúa de forma silenciosa y en cámara lenta: las sequías. “En América Latina, las pérdidas de ingresos que provoca una sequía son cuatro veces mayores que las de una inundación”, se lee en el estudio Aguas inexploradas: la nueva economía de la escasez y la variabilidad del agua, también del Banco Mundial. Tierra agrietada, campos desolados, hambrunas, almanaques con más de 45 días sin lluvia; en lo que va de siglo, algunos países de América Latina como Brasil, Honduras, Guatemala, Chile, Perú, entre otros, han atravesado las perores sequías de su historia. Más agua, pero distribución desigual Y aunque América Latina tiene el 31 por ciento de las fuentes de agua dulce del mundo, hay un rosario de matices detrás de esa cifra: por el dictado de la naturaleza y la geografía, la distribución es desigual, incluso en zonas de un mismo país. Casi 37 millones de personas no tienen acceso al servicio de agua potable, alrededor de 110 millones de latinoamericanos no tienen acceso a saneamiento y, para 2015, únicamente el 20 por ciento de las aguas residuales de la región recibían tratamiento, de acuerdo con fuentes del Banco Mundial. Con el volumen de cosechas que se pierde, debido a la variabilidad de las lluvias, se podría alimentar a 81 millones de personas al año. Esto equivale a la suma de la población de Colombia, Perú y Bolivia. En términos de sequía, el Caribe preocupa a la región: de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 7 de los 36 países con mayor escasez de agua están en el Caribe (Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent, Granada, y Trinidad y Tobago). Al cambio climático y sus consecuencias se suma otro factor relevante: el aumento de la población hará que la escasez de agua sea una realidad en más lugares. Aunque el crecimiento poblacional es una tendencia mundial, detengámonos solo en los datos de la América Latina: la región pasó de tener 220 millones de habitantes en 1960 a tener 637 millones en 2016. Más de 400 millones de nuevos habitantes en un poco más de medio siglo. El ritmo de crecimiento es vertiginoso. Y aún más, el 80% de esa población vive en ciudades. Los escenarios del cambio climático prevén que el comportamiento de los fenómenos naturales extremos tendrá, cada vez más, una frecuencia y duración inciertas, además de una magnitud imprevisible, ha advertido la Organización Meteorológica Mundial, al igual que otras instituciones. De modo que la brecha entre la oferta y la demanda de agua se agudizará cada vez más. ¿A quiénes afecta? Los expertos señalan que eventos extremos de lluvia sumados a la escasez de agua tienen impactos sobre la producción agrícola, las empresas y las familias.    “Si se continúa como hasta ahora, muchos países terminarán en un camino desértico, en el que las sequías configurarán los destinos de las personas”, advierten los expertos del Banco Mundial. El reto de la región es adaptarse a los cambios y saber cómo abordar los extremos de lluvia. ¿Qué proponen los especialistas del área? Cambiar el modo en el que se gestiona el agua a lo largo del ciclo de consumo: desde donde está la fuente de abastecimiento y en todo su recorrido hasta los grifos y nuevamente hasta la fuente. ¿Qué hacer? Como en tantas problemáticas, con el agua no hay una solución única, sino una combinación de diversos instrumentos. En la fuente, se deben aplicar medidas que van desde invertir en la infraestructura, como la creación de embalses, hasta sistema de riego, así como aprovechar la capacidad de los bosques para retener el agua, mecanismo que representa una alternativa de bajo costo que podría colaborar con combatir la escasez. Ha habido falta de incentivos para lograr la aplicación de este tipo de soluciones. Según el estudio, en la nueva economía de la escasez y la variabilidad del agua hay que tomar en cuenta que los beneficios son públicos, pero los costos que implican son, la mayoría de las veces, privados. Por ello debe haber un equilibrio entre la provisión de un servicio de calidad y una tasa de rendimiento que garantice la recuperación de los costos. Pero la gestión del agua no radica solo en eslabones de la oferta. El consumo debe ser eficiente, por lo que se debe invertir en tecnologías que promuevan una mejor distribución, uso y consumo del agua. Los expertos consideran que además de las tarifas por el suministro, hay un enfoque prometedor en los mercados del agua (mecanismos que gestionan el derecho de uso del agua) que, bien manejados, podrían colaborar con una distribución con más eficiencia, un consumo con más prudencia y que quede agua para el medioambiente. Incorporar nuevas tecnologías para la reutilización de aguas residuales es crucial. “En promedio, los países de ingresos altos tratan cerca del 70% de las aguas residuales municipales e industriales que generan. Este promedio cae a un 38% en los países de ingresos medios-altos, a un 28% en los países de ingresos medios-bajos y a un 8% en los países de ingresos bajos, según el Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2017. En el informe Aguas inexploradas: la nueva economía de la escasez y la variabilidad del agua, los especialistas del Banco Mundial dejan claro que mejorar la gestión del agua es necesario para incrementar la eficiencia, pero quizá no logre proteger a los pobres del ritmo errático de las lluvias, ni garantice el uso sostenible del agua. Por ello señalan que para evitar que las poblaciones más vulnerables sufran a causa de sequías e inundaciones se deben poner en marcha mecanismos de protección social o de seguros ante catástrofes. En las zonas rurales, cuyos establecimientos agrícolas consumen la mayor cantidad de agua, estos mecanismos de protección podrían ser sistemas de seguro de cosechas, mientras que en las ciudades se debe regular a las empresas de abastecimiento para garantizar el acceso a agua limpia.
Banco Mundial fomenta crecimiento verde en Colombia y apoya desarrollo de su región del Pacífico
WASHINGTON, diciembre 14, 2017— El crecimiento verde y el desarrollo de la zona del Pacífico en Colombia son los principales objetivos de dos préstamos aprobados hoy por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial por un total de US$541.9 millones. “Esta operación de crédito evidencia el esfuerzo que ha hecho Colombia en los últimos años por consolidar un modelo de desarrollo económico sostenible, responsable con el medio ambiente, y resiliente a los efectos del cambio climático”, afirmó Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. “El acompañamiento del Banco Mundial a través de este programa de créditos ha sido fundamental para organizar nuestra agenda de trabajo, con miras a cumplir, entre otras, nuestros compromisos del Acuerdo de París”. El Préstamo de Desarrollo Sostenible y el Crecimiento Verde en Colombia, por US$500 millones, busca promover políticas para fomentar crecimiento verde en los sectores de transporte, energía, salud ambiental y recursos naturales, además de mejorar y proteger la calidad del medio ambiente.  Se trata de un préstamo de políticas para el desarrollo en apoyo a un conjunto de reformas relacionadas con la implementación de la estrategia de crecimiento verde del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia (2014-2018). También está diseñado para apoyar el programa presupuestario del Gobierno colombiano y crear opciones de financiamiento para la gestión de riesgos de desastres naturales. Con este préstamo, el Banco Mundial contribuirá a los esfuerzos del gobierno por desarrollar un nuevo estilo de crecimiento económico compatible con una mayor eficiencia sectorial, con la reducción de la degradación ambiental y la mitigación y adaptación al cambio climático. También promoverá la creación de oportunidades de trabajo y mejoras en las condiciones de vida en zonas rurales que fueron afectadas por el conflicto. “Este proyecto acelerará las reformas para mejorar la calidad de vida y el crecimiento económico de diversas regiones de Colombia. Además, complementa y fortalece las acciones del gobierno para la mitigación y adaptación al cambio climático”, dijo Jutta Kern, Directora Interina del Banco Mundial para Colombia y México. Para su implementación el proyecto contará con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. El préstamo tiene un vencimiento final de 12 años con un período de gracia de 11.5 años. La segunda operación aprobada, el Préstamo de Mejoramiento del Transporte por Vías Navegables y la Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento dentro del Plan Pazcifico por US$41.9 millones, busca mejorar las oportunidades económicas y la calidad de los servicios de navegabilidad, y abastecimiento de agua y alcantarillado en el Pacífico Sur colombiano. Concretamente, ayudará a mejorar el acceso, la seguridad y las condiciones de navegación por ríos y esteros en los Departamentos de Nariño y Cauca, así como los servicios de agua y alcantarillado en municipios seleccionados de estos departamentos. Los ríos y esteros representan uno de los principales y/o únicos medios de transporte para la mayoría de los habitantes en esta zona del país. El proyecto busca beneficiar alrededor de 147 mil personas en condición de pobreza, desplazamiento y afectadas por el conflicto. “Con esta operación de crédito por USD 41.9 millones se completa el programa de créditos por USD 400 millones que el Gobierno nacional estructuró junto con los habitantes del litoral pacífico colombiano para mejorar su calidad de vida. Estamos convencidos que el haber priorizado inversiones en agua potable, saneamiento básico, energía y conectividad, junto con el acompañamiento riguroso y decidido de la banca multilateral, va a repercutir en el bienestar de esta región de nuestro país, con soluciones diseñadas con los más altos estándares de calidad”, añadió Cárdenas. La agencia implementadora de este proyecto será la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Desastres. El préstamo tiene un vencimiento final de 9 años, incluido un período de gracia de 5,5 años. Contactos: En Washington: Marcela Sánchez-Bender, +1 (202) 473-5863, msanchezbender@worldbank.org; En Colombia: Maria Clara Ucrós, + 57-1-3238259, mucros@worldbank.org Para obtener más información, por favor visite: www.bancomundial.org/co Visítenos en Facebook: http://www.facebook.com/bancomundialcolombia Manténgase informado vía Twitter: http://twitter.com/bancomundial Comunicado de prensa 2017/095/ALC  
World Bank Support for Green Growth and Pacific Region Development in Colombia
WASHINGTON, December 14, 2017— Green growth and the development of the Pacific zone in Colombia are the main objectives of two loans totaling US$ 541.9 million approved today by the World Bank Board of Directors. “This credit operation demonstrates the effort Colombia has made in recent years to consolidate a sustainable, environmentally-responsible economic development model that is resilient to the effects of climate change. The World Bank’s support through this credit program was crucial for organizing our work agenda with a view to fulfilling our Paris Agreement commitments, among others,” said Mauricio Cárdenas, Colombia’s Minister of Finance and Public Credit. The US$500 million Loan for Sustainable Development and Green Growth in Colombia will promote policies to stimulate green growth in the transport, energy, environmental health and natural resource sectors, in addition to improving and protecting environmental quality. This development policy financing (DPF) will contribute to a series of reforms associated with the implementation of the green-growth strategy of Colombia’s National Development Plan (2014-2018). It is also designed to support the budget program of the Colombian government and create financing options for disaster risk management. With this loan, the World Bank will contribute to government efforts to develop a new style of economic growth compatible with increased sector efficiency, reduced environmental degradation, and climate change mitigation and adaptation. It will also promote job creation and improved living conditions in rural areas affected by the conflict.  “This project will accelerate reforms to improve living conditions and economic growth in various regions of Colombia. It will also complement and strengthen government actions to mitigate and adapt to climate change,” said Jutta Kern, Interim World Bank Director for Colombia and Mexico. The implementing agencies for this project will be the Ministry of Finance and Public Credit and the National Planning Department. The loan has a final maturity of twelve years, including a grace period of 11.5 years. The second operation approved, the US$ 41.9 million Loan to Improve Maritime Transport and Water and Sanitation Service Delivery as part of the Pazcifico Plan, will enhance economic opportunities and the quality of water supply and wastewater services in Colombia’s Pacific South region. Specifically, it will help improve access, safety and river and estuary transport conditions in the departments of Nariño and Cauca, as well as water and wastewater services in selected municipalities of those departments. The rivers and estuaries are the main and/or only transportation channels for most of the inhabitants in that area of the country. The project will benefit some 147,000 people who live in poverty, were displaced and/or affected by the conflict. “This US$ 41.9 million credit operation complements the US$400 million credit program that the national government structured together with inhabitants of the Colombian Pacific coast to improve their standard of living. We are convinced that having prioritized investment in potable water, basic sanitation, energy and connectivity, together with the rigorous, decisive support of the multilateral bank, will contribute to the well-being of this region of our country with solutions designed with the highest-quality standards,” said Cárdenas. The implementing agency for this project will be the National Unit for Disaster Risk Management. The loan has a final maturity of nine years, including a grace period of 5.5 years. Washington: Marcela Sánchez-Bender, +1 (202) 473-5863, msanchezbender@worldbank.org; Colombia: Maria Clara Ucrós, + 57-1-3238259, mucros@worldbank.org Learn more about the work of the World Bank in Latin America and the Caribbean: www.worldbank.org/lac Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbank Be updated via Twitter: http://www.twitter.com/BancoMundialLAC For our YouTube channel: http://www.youtube.com/BancoMundialLAC   News Release 2018/095/LAC   
El reto de las pequeñas ciudades ante los riesgos de desastres
Los desastres no son ajenos a Colombia. Solo en 2016, casi un millón de colombianos se vieron afectados por desastres asociados a eventos naturales, principalmente inundaciones y sequías, según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En los últimos años, los daños a la propiedad, la infraestructura y los medios de vida se han seguido multiplicando, en gran medida por la vulnerabilidad que resulta, entre otros, de un crecimiento urbano a veces no planificado y descontrolado, una inadecuada gestión ambiental y planificación del uso de la tierra. A esto se suma, algunas veces, una aplicación limitada de las normas y códigos de construcción. Pero no solo las grandes urbes son escenarios de desastres. Como demostró la última avalancha en Mocoa en abril pasado, los eventos que pueden ser muy localizados afectan duramente las ciudades intermedias y pequeñas, y dentro de ellas, a los hogares más pobres. Esto tiene una incidencia directa y de alto impacto en la sostenibilidad del crecimiento del país. Un estudio del BID y la CEPAL señala que la temporada invernal del fenómeno de La Niña 2010-2011 - además de los dos millones de personas damnificadas- dejó alrededor de 11.200 millones de dólares en pérdidas, equivalentes al 2% del PIB de Colombia en 2011. Si todavía falta camino por recorrer para fortalecer los sistemas de gestión del riesgo de desastres e integrarlos a la planificación de las grandes ciudades, la situación en las ciudades intermedias y pequeñas es aún más delicada. En una región como la latinoamericana, donde entre 1970 y 2014 se triplicó la ocurrencia de estos fenómenos, fortalecer las políticas en gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptarse al cambio climático es vital y cobra cada día mayor importancia.Desastres y más pobreza La nueva población urbana, formada en su mayoría por familias de bajos recursos, se encuentra en barrios marginales y asentamientos irregulares generalmente fuera del perímetro de los servicios de la ciudad. Ocurre en los municipios o ciudades pequeñas con el agravante que estas tienen menor capacidad para gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e integrarlo en el diseño e implementación de sus políticas de planificación urbana y de ordenamiento del suelo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2016 el 28% de los colombianos estaba en condición de pobreza, es decir, alrededor de 13 millones de personas. La pobreza en las cabeceras municipales es del 24,9% y en los centros poblados y zonas rurales dispersas del 38,6%. En cuanto a pobreza extrema, en 2016 el 8,5% del total de la población se encontraba en esta condición, lo que representa unos cuatro millones de colombianos. En las cabeceras municipales la pobreza extrema se calcula en un 8,6% y en los centros poblados en el 18,1%. En este contexto, es importante tener en cuenta que Colombia se ha consolidado como líder en América Latina en el desarrollo de un enfoque integral para la GRD y el programa del país se fortalece con cada nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Los avances en el monitoreo, implementación de sistemas de alerta y organización de la respuesta y manejo de la emergencia han dado como resultado una reducción significativa de la pérdida de vidas ante los eventos naturales adversos. Para Oscar Anil Ishizawa, especialista sénior en Gestión del Riesgo de Desastres del Banco Mundial, uno de los grandes retos pendientes en Colombia es fortalecer la implementación de las políticas de planificación territorial y el uso del suelo incorporando consideraciones de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Existe un marco legal e institucional que crea los instrumentos y mecanismos, pero aún no una implementación eficiente a nivel territorial. Una inadecuada planeación territorial y uso del suelo contribuye en gran medida al incremento de la vulnerabilidad ante desastres, como se vio en la tragedia del municipio de Mocoa, donde el desbordamiento de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa ocasionaron la destrucción de 17 barrios y la muerte de más de 320 personas.Actuar antes y no después En Colombia, el énfasis de la política nacional se ha concentrado en la respuesta a emergencia y no en construir un marco de acción para fortalecer la aplicación de políticas e inversiones a nivel sectorial y territorial. Existe una gran debilidad de los gobiernos municipales para incorporar la reducción del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial y una evidente desarticulación entre los diferentes instrumentos de planificación territorial que existen en el país. Según Ishizawa, la manera de tener una gestión del riesgo de desastres eficiente y con resultados concretos (pero invisibles porque cuando se hacen bien las cosas en el tema de gestión del riesgo de desastres, estos no ocurren o su magnitud se reduce drásticamente), es incorporar criterios de reducción de riesgo en todas las inversiones públicas sectoriales, así como en las políticas e instrumentos de desarrollo urbano y territorial. Lo que significa construir y diseminar de manera abierta y transparente la información de peligros y riesgos específica requerida por los diferentes sectores nacionales, así como, la información con una resolución suficiente para ser utilizada por los niveles departamentales y municipales. La capacidad técnica en el país existe, se necesita de coordinación y definición de objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Entre las recomendaciones principales está el fortalecer capacidades de los gobiernos municipales medianos y pequeños para poder implementar estas tareas. Las agencias a cargo de la GRD deben ser técnicas y ágiles para cumplir con su papel de coordinación interinstitucional para facilitar la implementación de medidas de reducción del riesgo y guiar el diseño de las políticas públicas que incorporen criterio de gestión del riesgo de desastres a nivel territorial y sectorial, que corresponden a una agenda de mediano y largo plazo. La responsabilidad de la respuesta y manejo de las emergencias debe ser planteado en una institución que pueda manejar el día a día y que tenga una capacidad inmediata de movilización y acción para poder liderar la coordinación en todos los niveles de gobierno. La GRD no es un sector específico y no se debe considerar como uno. Se debe de trabajar de la mano con los responsables de la planificación tanto sectorial como territorial quienes son los ejecutores y los dolientes en este tema, concluye Ishizawa.  
¿Es posible lograr la movilidad sostenible global?
Para el 2030, el Banco Mundial estima que el 60% de la población del planeta vivirá en las ciudades. Esto no solo implica más demanda de viviendas, sino también un incremento del parque automotor en sus calles. En el caso de América Latina, ya ocho de cada 10 de sus habitantes viven en ciudades. Según datos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), en la región existen, en promedio, 230 vehículos por cada 1.000 habitantes -cifra que crece año a año-, mientras que en países como Argentina, Brasil o República Dominicana se superan los 300 vehículos por cada 1.000 habitantes. Estos datos representan uno de los más importantes desafíos para el medio ambiente y para las sociedades. La cuestión que surge es ¿Cómo hacer para que las personas y los bienes se transporten de forma sostenible? El transporte sostenible en las ciudades implica buscar soluciones relacionadas a mejorar las redes del transporte público, promover el uso de la bicicleta e incluso caminar; es decir, trasladarse de una forma que tenga un impacto menos negativo en el medio ambiente. En resumen, dejar en casa el automóvil y moverse en medios más “ecoamigables”. Esto suena lógico, pero en Latinoamérica existe otro problema: son justamente los más pobres los que no tienen auto y contaminan menos, pero a la vez, al vivir en la periferia, tienen mayores necesidades de un transporte rápido, seguro y económico para ir a trabajar o a estudiar.¿Cuánto hemos avanzado en el camino de la movilidad sostenible? De acuerdo al último reporte del Banco Mundial Global Mobility Report (Informe sobre la movilidad mundial), (i), no hemos logrado movernos en la dirección correcta. La demanda de transporte aún se cubre sin tomar en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. El informe explica que conquistar la movilidad sostenible implica alcanzar cuatro objetivos de forma simultánea: acceso universal, eficiencia, seguridad y la movilidad ecológica. Para lograrlo, todos debemos involucrarnos. Los costos que conlleva el aumento del transporte como actualmente lo concebimos son muy altos en términos de exclusión social, accidentes, ineficiencia y contaminación. El concepto actual de movilidad contribuye a la desigualdad en el acceso a oportunidades sociales y económicas, causa muertes por accidentes de tráfico y promueve el alto consumo de combustibles fósiles, que a su vez dañan el medio ambiente debido a las grandes cantidades de emisiones de CO2. Por ejemplo, todos los años mueren casi 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo y decenas de millones resultan gravemente heridas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Además, el sector transporte emite el 23% de todos los gases de efecto invernadero relacionados con la energía, y las emisiones de dióxido de carbono que genera podrían aumentar un 40 % para 2040. Modificar estas cifras es clave para lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, y para asegurar no solo el transporte sostenible, sino una mejora en la calidad de vida de millones de personas, permitiendo que cada vez más adultos y niños accedan a servicios de salud, educación y empleo, en la región y en el mundo. La iniciativa Movilidad Sostenible para Todos, (SuM4All) del Banco Mundial trabaja con diversas organizaciones y expertos mundiales en pro de transformar y mejorar el sector de transporte y la movilidad sostenible globalmente.Los retos de América Latina América Latina ha realizado fuertes inversiones en sistemas de autobuses de tránsito rápido con muy buenos resultados. Por ejemplo, el Transmilenio de Bogotá, Colombia, cuenta con 138 estaciones y 84 kilómetros de líneas segregadas para buses y, a diario, transporta a más de 2 millones de pasajeros. Y en Lima, Perú, el Metropolitano es el primer sistema de la región que opera con gas natural vehicular, colaborando aún más con el medioambiente. Este sistema comenzó a funcionar en el 2010 y permitió la destrucción de 790 autobuses viejos y contaminantes, lo que equivale a la reducción de 26,500 toneladas de gases de efecto invernadero. Los sistemas teleféricos también han resultado muy exitosos para llegar a lugares de difícil acceso de forma más rápida. Por ejemplo, El Metrocable de Medellín, Colombia y el Teleférico de la Paz. Bolivia. El siguiente paso sería buscar soluciones para integrar todos los sistemas de transporte (buses, metro, teleférico, etc). Ejemplos como el Bilhete Unico en Sao Paulo, la tarjeta SUBE de Buenos Aires y la Tarjeta CDMX en Ciudad de México son claras pruebas de que facilitar la movilidad de los ciudadanos es posible. De otro lado, eventos como la Conferencia Hábitat III celebrada en Quito, Ecuador, permiten ampliar la discusión sobre la movilidad sostenible en el país y en América Latina. Sin embargo, la tecnología está jugando un papel clave en el futuro de la movilidad sostenible en América Latina. El uso compartido de vehículos propios o taxis (car pooling) es cada vez más común a través de apps. Algunas ciudades incluso ofrecen servicios de bicicletas compartidas (bike sharing) con los cuales se pueden alquilar bicicletas por ciertos periodos de tiempo para movilizarse dentro de la ciudad. Aun así, el automóvil aún resulta un concepto masivo cuando se piensa en movilidad. En el Perú, por ejemplo, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, más de 2 millones de autos circulan en el país, pero más de la mitad están en Lima, una ciudad que ya alberga a más del 30% de la población. Esto hace que la capital peruana sea reconocida por Waze, una app de tráfico, como una de las peores ciudades de América Latina para conducir. Reorganizar y mejorar el tráfico de la ciudad es clave para lograr una movilidad eficiente y sostenible para todos los peruanos, pero también para crear nuevas oportunidades de empleo. Por ejemplo, la integración de la futura línea 2 de metro con la red existente permitirá que la gente pierda menos tiempo viajando y tenga más tiempo para trabajar.
La energía que necesita la América Latina del futuro
¿Sabías que entre 2011 y 2030 el consumo de electricidad en América Latina y el Caribe crecerá un 80%, y que solo en Centroamérica el crecimiento será de más del 120%? El aumento demográfico de la región conllevará a un incremento en el uso de aparatos electrodomésticos y eléctricos, lo que, sumado a una mayor actividad industrial, disparará la demanda de energía ¿Cómo cubrirla de manera sustentable y que no agudice los efectos que ya se sienten en la región por el cambio climático? Dos palabras: energías renovables. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA por sus siglas en inglés), entre 2010 y 2015 en América Latina se invirtieron más de 80.000 millones de dólares en energías renovables no convencionales (ERNC - excluyendo las grandes hidroeléctricas). Y en la región, una cuarta parte de la energía primaria total proviene de fuentes renovables, lo que convierte a Latinoamérica en uno de los mercados más dinámicos en este sector. Países como Brasil, Chile, México, Perú y otros, miembros de la Alianza de Energía y Clima de las Américas ya han iniciado el cambio hacia una economía menos intensa energéticamente, aprovechando sus abundantes recursos renovables y buscando aumentar su eficiencia económica mientras reducen sus necesidades de inversión en infraestructura energética. El caso de Chile es de especial relevancia debido a su reciente impulso al desarrollo de energías renovables. Prácticamente el 100% de la población chilena tiene acceso a la energía. Sin embargo, el sector energético contribuye con el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero del territorio nacional. Asegurar el abastecimiento energético es clave para brindar precios de energía asequibles y expandir el acceso de servicios energéticos de calidad para las familias más vulnerables. Hablamos con Patricia Marcos, especialista en Energía del Banco Mundial, sobre los desafíos de Chile en materia energética. Pregunta. ¿Qué relación existe entre pobreza y energía? Respuesta. Existe una relación muy importante entre vulnerabilidad energética y pobreza, que va más allá del acceso al servicio eléctrico. Casi medio millón de hogares chilenos (15,7% de la población) invierte más del 10% de sus ingresos en calefacción, iluminación y cocción de alimentos. Este gasto supone dejar de cubrir otras necesidades básicas, y expone a estos hogares, al usar medios energéticos de baja calidad como queroseno, parafina o leña para calentarse, a contaminar el interior de sus casas y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, en particular en ancianos y niños pequeños. Estudios estiman que, en invierno, el 94% de los hogares chilenos tienen una temperatura por debajo de los 20 grados Celsius. Y según estadísticas de la Comisión Nacional de la Energía, el 24% de la energía en Chile se produce a partir de la quema de madera, sobre todo para la calefacción y la cocción. Ante esta situación, en 2015 el gobierno de Chile desarrolló la Política de Uso de la Leña y sus Derivados, que busca mejorar la forma en que estos productos se desarrollan, comercializan y consumen. Para luchar contra la vulnerabilidad energética, un primer paso fue la aprobación de la Ley de Equidad Tarifaria en 2016, cuyo objetivo es nivelar las tarifas de distribución para los usuarios residenciales más vulnerables del sistema. Además, en su Política Energética 2050, Chile estableció como meta que, al 2035, el 100% de viviendas de familias vulnerables tengan acceso continuo y de calidad a servicios energéticos. P. ¿Cuáles son los principales desafíos que Chile enfrenta en el sector energía? R. Chile ha venido trabajando en los últimos años para abordar los desafíos clave para el sector como el aumento de la seguridad de suministro, la competencia y la asequibilidad en el tema de energía. Esto se ha logrado a través de reformas, por ejemplo, en las subastas para las licitaciones, en la transmisión de los servicios eléctricos y también en la equidad tarifaria. Sin embargo, aún existen retos estructurales, como los cambios en el sistema regulador, la intermitencia de las energías renovables y las consecuencias del cambio climático. Uno de los principales desafíos es dar seguimiento a los objetivos y lineamientos estipulados en la Política Energética 2050, que busca el desarrollo energético sostenible del país. Asegurar el cumplimiento de sus metas a corto, mediano y largo plazo e impulsar a Chile en la planificación y operación del sistema eléctrico es crucial. En este marco, Chile ha mostrado un gran compromiso en posibles intercambios bilaterales de electricidad con países como Perú y Argentina. Otro problema es el marco regulatorio para la distribución de electricidad. Chile aún necesita hacer reformas importantes para poder aprovechar las oportunidades que brindan los cambios tecnológicos como las redes inteligentes y así mejorar su eficiencia energética. En la actualidad, el consumo per cápita de energía en Chile es el doble del promedio de América Latina y la intensidad energética de las últimas dos décadas es casi el doble del promedio de los países de la OCDE. P. ¿Cómo le va al resto de la región? ¿Qué desafíos existen en países como Argentina, Colombia o México? R. Los principales retos a los que se enfrenta el sector energético en América Latina y el Caribe son varios, pero podemos mencionar los siguientes:Gran aumento de los niveles de urbanización y concentración económica, y su consecuente impacto en el suministro de energía y en la calidad del aire;Aparición de nuevas tecnologías disruptivas (energías renovables, sistemas y redes inteligentes, infraestructura de medición, sistemas almacenamiento y otros), que impulsarían la rápida transformación del modelo actual de prestación del servicio de energía y que requieren mayor conocimiento técnico;Cambios en los patrones de los mercados energéticos mundiales (como el exceso de oferta de petróleo) con implicaciones para la seguridad energética, el comercio y el costo de la energía;· Aumento del impacto del cambio climático en el suministro de energía y la seguridad energética (como la hidrología, daños a la infraestructura energética por condiciones climáticas extremas, etc.), y los compromisos políticos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero;Aumento de las restricciones financieras. El financiamiento de infraestructuras energéticas seguirá siendo un reto, y serán necesarios instrumentos de financiamiento innovadores como garantías, seguros climáticos, etc. para abordar los nuevos retos de carácter multidimensional. Chile ha tomado la iniciativa, conjuntamente con otros países como Colombia o México, de abordar los nuevos escenarios a los que deberá enfrentarse el mercado energético. Por ejemplo, algunas de las principales prioridades de la Agenda Energética 2014-2018 son: reducir los precios de la electricidad (que en la licitación de suministro de 2017 han caído un 75% respecto al 2013), mejorar la competencia al ampliar el número de generadores en el mercado, y apoyar el desarrollo de una industria de energías renovables fuerte, aumentando así la competitividad. P. ¿Es realmente posible lograr que el 70% del consumo de energía en Chile provenga de fuentes renovables antes del 2050? R. La capacidad instalada de ERNC alcanzó el 16% a junio de 2017, y se espera que alcance para finales de este año el objetivo del 20% establecido para 2025, es decir, ocho años antes a lo establecido en la Ley de Energías Renovables. Este importante antecedente pone a Chile en la dirección correcta para lograr el 70% del suministro con energías renovables. Además, Chile es el primer país de Sudamérica en implementar un impuesto sobre el carbono, que se aplicará en 2018. El Banco Mundial, a través de la Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono (PMR en inglés), ha apoyado al Gobierno de Chile mediante el diseño de sistemas de medición, reporte y verificación, entre otros. P. ¿Qué papel desempeña la energía geotérmica, recurso abundante en Chile? R. La única planta geotérmica existente en Sudamérica se encuentra operativa en Chile desde abril de 2017 con una capacidad de 48 MW. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Cerro Pabellón es la planta más alta del mundo. El país tiene un gran potencial geotérmico, pero su desarrollo aún es escaso debido principalmente a barreras financieras, económicas y regulatorias, y, recientemente, a los bajos precios obtenidos en las licitaciones de suministro. En este sentido, el Banco Mundial está apoyando a Chile a través de una asistencia técnica de 3 millones de dólares del Fondo de Tecnología Limpia (CTF en inglés) que busca optimizar el marco político, fortalecer la capacidad de gestión para movilizar las inversiones en energía geotérmica, y mejorar las condiciones de mercado para promover el desarrollo del sector geotérmico. Además, el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético(ESMAP por sus siglas en inglés), también está apoyando esta asistencia técnica a través de una donación de 500.000 dólares que tiene como principal objetivo ayudar en la identificación de barreras y posibles soluciones para promover la energía geotérmica en Chile. Otro aspecto clave de la asistencia del Banco Mundial es el desarrollo de la Mesa de Geotermia que reúne al sector público y la industria geotérmica y que tiene como principales objetivos: estimar el costo de la energía geotérmica en Chile; analizar el impacto de la energía geotérmica en el sector eléctrico; e identificar potenciales políticas públicas que promuevan el desarrollo geotérmico.
The Vulnerable in Latin America and the Caribbean are Often Just One Disaster Away from Falling Back into Poverty
WASHINGTON, November 29, 2017 – Countries across Latin America and the Caribbean (LAC) have made major progress in reducing poverty and inequality, but frequent natural and man-made shocks threaten to drive many people back into poverty unless efforts to mitigate and manage risks are stepped up, according to a new World Bank report. “Shaking Up Economic Progress: Aggregate Shocks in Latin America and the Caribbean” says that multiple aggregate shocks including natural disasters, crime, violence and epidemics pose major challenges for the most vulnerable residents in LAC, particularly in the current context of low economic growth and rising government deficits. “Despite the big prosperity gains in recent years, many people in Latin America and the Caribbean are just one disaster away from falling back into poverty,” said Jorge Familiar, World Bank Vice President for Latin America and the Caribbean. “Countries need to better prepare for and build resilience to shocks so that they don’t lose in one day what took years to achieve.” The proportion of those living in extreme poverty was halved to 12.3 percent between 2003 and 2012, while those living in moderate poverty fell from 41.1 to 25.3 percent. However, nearly 4 out of 10 households in the region are still considered economically vulnerable, facing the risk of falling back into poverty due to aggregate shocks. Between 1970 and 2014, the incidence of natural disasters in the region tripled. Extreme rainfall and drought are a near-constant threat. In the Caribbean, at least one country—and often more than one—is hit by a strong hurricane or cyclone every year. Over a quarter of all earthquakes of magnitude 8.0 or higher occur in western South America. Also, infectious disease and viruses such as Zika and Chikungunya thrive in the warm and humid conditions found in many LAC countries in the tropics. In addition to natural disasters, many residents face significant social challenges. In some areas, crime and violence rates are comparable to those of war-torn countries. Other parts of the region face a proliferation of violent youth gangs, drug trafficking, money laundering, and domestic violence. Financial crisis can cause unemployment to soar. The report highlights the fact that it is often the poor that suffer the most from these shocks and the lower employment and consumption that frequently follow. Large natural disasters or civil conflicts often decimate local economies, destroying assets, impacting businesses and disrupting markets. In the aftermath, children are often taken out of school to work, leaving a long-term negative impact for the individual and society. As they anticipate the next disaster, vulnerable households often choose low-risk, low-income economic activities, further perpetuating poverty. “In light of all these aggregate threats, countries need to work on a number of coordinated fronts to build resilience,” said World Bank Senior Economist and lead author of the report Javier E. Báez. “These include gathering more and better information on risks, strengthening disaster preparation and risk management policies, and expanding the programs needed for recovery.” Getting ready for these expected shocks will involve fortifying both the private sector and government services. That means developing critical markets for credit and insurance to contribute to a faster recovery after a disaster. It is also key to reinforce public services including safe water, sanitation, education and weather warning systems. Infrastructure must be built to withstand extreme natural disasters. Preparation is costly and the rewards may seem far off, but the cost of inaction is far higher, the report concludes. Learn more about the work of the World Bank in Latin America and the Caribbean: www.worldbank.org/lac  Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbank Be updated via Twitter: http://www.twitter.com/BancoMundialLAC   For our YouTube channel: http://www.youtube.com/BancoMundialLAC  
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