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La diáspora de altos cargos, un agujero en la economía tras un Gobierno en funciones

Pies, para qué os quiero. Es la pregunta que se han hecho un puñado de altos cargos como Miguel Temboury en lo que llevamos de año. El hasta ahora subsecretario de Economía acaba de decir 'bye bye' al ministerio para reincorporarse a la Abogacía del Estado sin descartar una vuelta al sector privado más adelante, pero no es el primero (ni probablemente el último) que decide abandonar el barco desde que el Gobierno está en funciones. El letrado ha cesado a petición propia y "por motivos personales" tras ocupar distintos puestos de la Administración Pública desde 2001, cuando se estrenó como asesor económico de la mano de Rodrigo Rato.

Temboury sigue los pasos de la que fuera secretaria general del Tesoro Rosa María Sánchez-Yebra, quien ya puso tierra de por medio en junio al ser nombrada vicegobernadora de Estrategia Global del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Un Ejecutivo en funciones no tiene potestad para reemplazar altos cargos, así que las tareas de los salientes caerán en las espaldas de otro compañero. En condiciones normales, estas dos bajas supondrían un duro golpe para Luis de Guindos, porque dejan un hueco importante en su equipo que no podrá ser cubierto hasta que España tenga Gobierno. Claro que el propio ministro es el primero que no tiene intención ni ganas de seguir al frente del departamento... 

El exministro de Industria José Manuel Soria y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. (EFE)

Economía no es el único ministerio con despedidas inesperadas o renuncias a la vista. El secretario de Estado de Hacienda desde diciembre de 2011, Miguel Ferre, ya pidió permiso en julio a la Oficina de Conflictos de Interés para fichar por la consultora internacional de 'lobby' Burson-Marsteller y el Instituto de Empresa. No obstante, si hay algún ministerio con las aguas revueltas este año, ese es Industria. O si no que se lo pregunten tanto al exministro José Manuel Soria como a su subordinado Alberto Nadal

El actual secretario de Estado de Energía miraba con ojos golosos el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, hasta el punto de que presentó su candidatura oficial en enero. Nadal y su esposa, Eva Valle, directora en la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, querían poner rumbo a Washington para estrenar empleo, él en el BM y ella en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para eso habían formalizado sus respectivas solicitudes. Cosas del destino, fue el propio Soria quien frustró sus deseos al presentarse como candidato de última hora en julio. Y claro, a Nadal no le quedó otro remedio que dar un paso atrás.

Ninguno se salió con la suya. El exministro que pasará a la historia por verse obligado a dimitir como consecuencia de los papeles de Panamá echó por tierra el plan del que fuera su más estrecho colaborador al frente del Ministerio de Industria, pero tampoco llegó a ocupar el cargo que tanto revuelo causó. Su nombramiento fue un escándalo tanto por el trasfondo como por las formas, pues la polémica decisión se hizo pública apenas unos minutos después del último debate de investidura fallida. Eso sin mencionar los intentos de Luis de Guindos y Mariano Rajoy por justificar el desaguisado, explicaciones que fueron desmentidas por este periódico.

Agujeros en Fomento, ministros al cuadrado...

Ana Pastor abandonó la cartera de Fomento cuando fue propuesta para presidir el Congreso de los Diputados; se llevó con ella a su directora de gabinete, María García Capa, que tampoco ha sido reemplazada ante el 'impasse' político. Las labores de comunicación de este departamento quedaron a cargo de dos asesoras de confianza. De la misma manera, Rafael Catalá asumió los asuntos de Fomento y los compatibilizó con sus tareas como ministro de Justicia en funciones. Catalá cuenta con experiencia en este departamento, porque ejerció como secretario de Estado de Infraestructuras en septiembre de 2014.

El ministro de Justicia y Fomento en funciones, Rafael Catalá, junto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

También se han producido cambios importantes en empresas manejadas desde Fomento que ahora cuentan con mayor grado de soberanía ante la situación de bloqueo político, como Renfe. De hecho, la salida de Ana Pastor tuvo lugar apenas dos meses antes del relevo fulminante de Antonio Aguilar. El que fuera director gerente de Renfe Mercancías fue sustituido por Abelardo Carrillo, quien trabaja en la compañía desde hace años y ha pasado por distintos puestos de responsabilidad en Cercanías de Madrid, Alta Velocidad y Larga Distancia. Esta decisión tiene mucho que ver con la intención del presidente, Pablo Vázquez, de profesionalizar la empresa por encima de consideraciones políticas.

Luis de Guindos es otro ministro por partida doble. El titular de Economía absorbió la cartera de Industria cuando Soria salió del Gobierno en abril, al no saber explicar por qué su nombre aparecía vinculado a empresas opacas en los papeles de Panamá. Algo parecido le ocurrió a Fátima Báñez. La ministra de Empleo en funciones se ocupa de los asuntos de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad desde que Alfonso Alonso saliese del departamento en agosto para presentarse a las elecciones vascas como candidato del PP y sustituto de Arantza Quiroga.

Si ponemos el foco en las instituciones del Estado, destacan el Banco de España y las expectativas laborales de su subgobernador. Fernando Restoy dejará el organismo de supervisión financiera a principios de año para incorporarse a un puesto de alta responsabilidad en el Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS). En concreto, debutará como presidente del Financial Stability Institute (FSI). Hay quien insinúa que el actual gobernador, Luis María Linde, ya viene mostrando síntomas de cansancio desde hace un tiempo y podría aprovechar la coyuntura para poner pies en polvorosa, como hiciera Restoy.

¿Y los organismos reguladores?

Muchos se preguntan qué pasará con la CNMV ahora que su presidenta y vicepresidenta, Elvira Rodríguez y Lourdes Centeno, están a punto de cumplir los cuatro años de mandato estipulados. Si el Consejo de Ministros no hace nada para remediarlo, ambas deberán marcharse a casa sin opción alguna de relevo el próximo 6 de octubre, fecha en la que expira el plazo. Este viernes se tomará una decisión que puede impedir (o no) que la entidad quede descabezada. Rodríguez ya se ha mostrado dispuesta a seguir al frente del organismo por un segundo mandato, pero la actual regulación de momento no contempla la prórroga automática, por mucho que el Gobierno esté en funciones.

La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y el gobernador del BdE, Luis María Linde. (EFE)

[Lea aquí: Réquiem por los organismos reguladores, la CNMV bloqueada y la CNMC cuarteada]

También hay lío en la CNMC, donde los responsables deben lidiar con un plenario del consejo dividido en dos bandos enfrentados. A la bronca interna en la cúpula directiva se suma la existencia de tres consejeros que deberían haber sido relevados del cargo en septiembre de 2015. Dos de ellos, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez, forman parte del núcleo disidente.

¿Y si el BCE y los economistas 'oficiales' estuvieran equivocados?

Sostiene el economista Fernando Fernández Méndez de Andés que una de las principales lecciones de la crisis financiera es que hay que evitar dos cosas. Una, las “unanimidades” a la hora de hacer política económica. Y otra, “reprimir voces contrarias al consenso dominante”.

Pinche para leer el documento.

Y eso es, precisamente, lo que hace Fernández en un opúsculo presentado este lunes en Bruselas, en el que parte de una premisa: “El BCE ha asumido un protagonismo que no le correspondía al intentar remediar una crisis que no era esencialmente monetaria”. Es decir, que el BCE ha adoptado un rol para el que no nació y al hacerlo “ha entrado en un territorio que le es ajeno”.

Los argumentos que ofrece el economista son contundentes. Pero hay uno que sobresale y que tiene importantes consecuencias. “La política de represión financiera”, asegura Fernández, supone “un subsidio al endeudamiento y una transferencia silenciosa de los ahorradores a los deudores”. Algo que explica, en su opinión, “el auge de ciertos movimientos ultranacionalistas”. Y para llegar a esta conclusión se apoya en que hasta los principales defensores de la unión monetaria en Alemania, como el Deutsche Bank, “se muestran crecientemente críticos con siete años de políticas no convencionales que amenazan la estabilidad a largo plazo de la eurozona”.

El documento considera que la política monetaria ultralaxa del BCE “ha ido demasiado lejos”. Y ello, afirma, ha provocado que Europa se haya quedado “sin margen de actuación” para un posible nuevo deterioro del escenario macro”. Fernández opina que cuando el BCE comenzó a actuar de una forma verdaderamente intensa, en 2015, “la situación económica no era tan crítica”. El miedo a la deflación explica ese comportamiento, pero en ese momento, asegura, la recuperación de la producción y el empleo en la eurozona eran un hecho”. Un error que se debió a que el BCE confundió un cambio de nivel de los precios absolutos con un problema de deflación.

El opúsculo está editado por Faes, la fundación vinculada al PP y a su expresidente, José María Aznar, y una de sus conclusiones es que la política monetaria de expansión cuantitativa sin límites, al ofrecer una salida políticamente fácil a las complejas cuestiones institucionales, “ha sido una excusa para retrasar algunas decisiones inevitables, como un Esquema Europeo de Seguro de Depósitos Bancarios o la creación definitiva de un Fondo Único de Resolución Bancaria con capacidad propia de endeudamiento”. Pero es que, además, ha servido para aplazar una vez más las reformas estructurales necesarias para atacar el llamado estancamiento secular. Se trata de un salida “fácil, pero ineficiente y, con el tiempo, contraproducente”, sostiene.

Su análisis recuerda que tampoco “deberían ignorarse” los efectos negativos que las políticas no convencionales tienen sobre la rentabilidad y la solvencia del sistema financiero. Aunque admite que han podido contribuir a la recuperación del crecimiento y del empleo, constata que la política monetaria “ha mejorado la salud de los deudores bancarios y, por tanto, de las cuentas bancarias, al permitir la disminución de loen un escenario de tipos próximos a cero”. Pero dicho esto asegura riesgos que hoy son sólo incipientes.

Burbujas financieras

En primer lugar, la búsqueda de rentabilidades, aunque sean mínimas, que lleva a mayores niveles de riesgo y puede dar lugar a burbujas de activos en mercados concretos. En segundo lugar, se daña la rentabilidad de las entidades, al hacer menos rentable la transformación de plazos, un negocio central de cualquier banco. En tercer lugar, se permite que los bancos más débiles distribuyan beneficios a sus accionistas en vez de retenerlos para ampliar sus insuficientes niveles de capital, lo que genera oportunidades indeseadas de arbitraje regulatorio, y, en cuarto lugar, se acelera la desintermediación bancaria, con el consiguiente riesgo para los clientes y para el contribuyente, en la medida en que sólo responda a incentivos regulatorios o políticos y no al movimiento natural de las instituciones y los consumidores de productos financieros.

Es por eso, asegura, que parece poco coherente exigir a las entidades financieras más capital y mejor gestión del riesgo a la vez que se les presiona para que aumenten los niveles de concesión de crédito, se les penaliza por sus reservas o se les dificulta la obtención de márgenes de intermediación razonables. Por el contrario, afirma, el momento cíclico de las economías europeas “debería invitar a una calibración diferente de la política regulatoria a través del juego de los colchones de capital, a la utilización inteligente de las políticas macroprudenciales y a una política monetaria menos agresiva”.

La cuestión central para juzgar la eficacia de la política monetaria actual, según Fernández, es si ese éxito relativo se debe a los tipos cero o a avances en el proceso de unión bancaria. Y su impresión es que “hay serias razones, teóricas y empíricas que hacen pensar que la integración financiera depende más de la irreversibilidad del proceso de unión monetaria que del 'stance' concreto de la política monetaria.

En definitiva, sugiere, “a pesar del éxito de las declaraciones del BCE y la oportuna agresividad política de algunas de sus acciones, creo sinceramente que la reducción de la fragmentación financiera es un éxito que cabe anotar en el haber de los tan denostados políticos europeos, sin cuyo compromiso la unión bancaria no sería hoy una realidad”.

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