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FCC se juega su última carta catalana en las alcantarillas de Barcelona

No hay un caso igual en España: una contrata que dura 103 años. Se trata del alcantarillado de Barcelona, que ahora el alcalde, Xavier Trias, ha sacado a concurso. Un concurso para el que FCC es el favorito. Total, lleva un centenar de años presentándose y se aseguraría un contrato de 150 millones, una perita en dulce en estos tiempos de sequía pública para los contratistas.

Hubo un tiempo en que FCC era la reina de la constructoras de Barcelona, ciudad donde este grupo todavía tiene su sede social. Ahora su imperio catalán se ha reducido de manera notable pero a FCC todavía le queda una gran baza: el concurso sobre los servicios de alcantarillado de Barcelona.

Fuentes del sector constructor explican que FCC compite con Acciona y con Agbar por el servicios de aguas residuales de la capital catalana y que ha sacado a concurso el Ayuntamiento de Barcelona. Estas mismas fuentes aseguran que FCC es el favorito para imponerse a sus rivales.

Esther Koplowitz, Medalla de Oro al Mérito Científico de Barcelona.

El alcantarillado de Barcelona es una concesión que históricamente ha estado en manos de FCC. Ahora el ayuntamiento que encabeza el convergente Xavier Trias ha sacado a concurso este servicio a pocos meses de las municipales. El precio de salida es 130 millones de euros, pero en el sector se da por hecho que al final tras la subasta final será algo superior.

La ciudad de Barcelona es la plaza fuerte de FCC. Por ejemplo, nunca ha habido un concurso de basuras en Barcelona en el que el que FCC no se haya llevado una parte del pastel. En el último concurso, que estará vigente hasta 2017, la constructora se llevó la parte más jugosa: el de la zona centro, la recogida de residuos en el Raval, el Eixample y Gràcia, por valor de 797 millones de euros.

Ahora, FCC espera poder hacer lo mismo con el ajustado concurso del alcantarillado, uno de los más importantes para el sector contratista. El concurso abarca el período 2015-2022 y es el mayor gasto del consistorio catalán.

El contrato obliga al ganador a combatir los malos olores, un problema en los barrios más próximos al mar, como es el caso de Poblenou. También se ha de luchar contra diversas plagas, tanto de roedores como de insectos. Además se ha de garantizar la limpieza de las aguas del litoral entre el Hotel Vela y el Fòrum para que no aparezcan residuos flotantes en las playas de Barcelona. En esencia: es un contrato muy exigente que obliga al ganador incluso más allá del estricto entorno de las aguas residuales.

Tradición de un siglo

FCC lleva un total de 103 años siendo el adjudicatario de este servicio de alcantarillado, lo que supone gestionar una red de más de 1.700 kilómetros de canalizaciones. FCC nunca ha perdido un concurso en este terreno y el factor histórico es otro de los que le convierten en favorito.

Aunque FCC siempre ha sido fuerte en Cataluña ahora no está en su mejor momento. Sin embargo, todavía controla activos concesionales importantes, más allá de lo que supone la plaza fuerte de la ciudad de Barcelona. Es uno de los socios de referencia de Urbicsa, concesionaria de la Ciudad de la Justicia o el 25% del Canal Segarra-Garrigues.

Momento delicado

El concurso en Barcelona coincide con un momento delicado para FCC. Tras la última ampliación de capital Esther Koplowitz deja de ser la socia mayoritaria de FCC y pasa a convertirse en el socio de referencia. La ampliación será de 1.000 millones y servirá no sólo para reforzar los fondos propios de la constructora sino también para reestructura la deuda de la patrimonial de la familia.

El Gobierno de Susana Díaz y los sindicatos firman su divorcio en pleno récord de paro

Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) son malos para Andalucía sí o sí. Aunque el Gobierno andaluz de Susana Díaz lleva ya casi cinco meses pronosticando la bajada del paro en la comunidad por debajo del millón de desempleados, los números vuelven a retorcer esas previsiones a pesar de un récord turístico en la comunidad y unos meses tradicionalmente bondadosos con la creación de empleo. Andalucía no logra subirse al tren de la recuperación y se ahonda la brecha. Si en España ascendió el número de ocupados con la última EPA en la mano, en la comunidad andaluza ocurrió justo lo contrario. La tradicional brecha de diez puntos frente al dato de España se eleva a un 11,44% de paro más para los andaluces, con 1.419.000 ciudadanos de esta comunidad en la cola del Inem.

Lejos de encender las alarmas o volver a reunir a sindicatos, empresarios y Gobierno andaluz en una mesa, esas cifras no han hecho más que evidenciar el divorcio del Ejecutivo andaluz con los agentes sociales y económicos. No es ningún secreto. Las dos décadas de concertación social regadas con cuantiosos fondos públicos pasaron a la historia. Los siete acuerdos consecutivos han movilizado unos 128.000 millones de dinero público y privado y los resultados, frente al 35,21% de paro actual, palidecen. Los escándalos de corrupción que ensombrecen esas subvenciones, sobre todo el caso de presunta financiación ilegal de UGT-A y el de los cursos de formación, han frenado en seco las relaciones con la Junta y elevado el ruido en el diálogo. Aunque el Gobierno de Susana Díaz aseguró que su voluntad era someter a revisión el actual modelo y volver a sentar en una mesa a empresarios y sindicatos con una nueva hoja de ruta sobre la mesa, el encuentro sigue pendiente de fecha meses después de su anuncio. La controvertida paz social en Andalucía hace meses que tiene certificado de defunción.

Los secretarios generales de CCOO y UGT de Andalucía, Francisco Carbonero y Carmen Castilla. (Efe)

El más beligerante en su discurso es el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, que no oculta su decepción por la política en materia de empleo del Gobierno andaluz. Los planes puestos en marcha por la Junta destinados a rescatar a jóvenes y parados de larga duración, incentivar contrataciones en el sector de la construcción y aligerar las trabas burocráticas suman 900 millones de euros pero la evaluación de estas medidas no se ha hecho pública y los sindicatos están convencidos de que sus resultados dejan mucho que desear. Fuentes del sindicato CCOO aseguran que el problema no es que estén “rotos los puentes” con el Gobierno de Susana Díaz, con quien al parecer Carbonero sí tiene comunicación. Por cierto que el líder de CCOO también ha mantenido, según han confirmado desde el sindicato, un encuentro discreto recientemente con el líder de la oposición en Andalucía, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla.

“Parálisis” en la Junta

Desde CCOO señalan que el agujero más profundo está en la “parálisis” de la administración andaluza y apuntan directamente a la Consejería de Economía y Hacienda, donde hablan de “desastre”. Carbonero ha trasladado, según fuentes de CCOO, su análisis a Susana Díaz. Desde los sindicatos temen que en el próximo Presupuesto, que está previsto que llegue al Consejo de Gobierno el martes, no haya una auténtica apuesta por el empleo en Andalucía ni “planes serios”. Exigen que se reúna a todas las partes y se realice una propuesta con contenidos, objetivos y cuantificación económica. Solo en ese escenario, advierten, estarían dispuestos a ir de la mano de la Junta a Madrid a pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que ponga “su parte” en este plan. “Vamos con ellos, pero con un proyecto serio”, advierten.

Sumario

El otro gran problema, a juicio de los sindicatos, se sitúa en el frenazo a las políticas activas de empleo, donde se ubican precisamente los fondos para formación a parados, frenados desde 2011, en el peor momento de la crisis, y objeto ahora mismo de investigación en una docena de tribunales andaluces. El Gobierno andaluz ha aprobado un anteproyecto de ley que cambia radicalmente las subvenciones a la formación y en el que sindicatos y empresarios dejan de tener un trato privilegiado frente a otras entidades o empresas privadas que quieran acaparar estos fondos. Fuentes de la Junta insinúan que esta medida está muy relacionada con el enfado de los agentes sociales y económicos. Ante la juez Mercedes Alaya, que instruye un macroproceso sobre el presunto fraude con los cursos de formación, el principal testigo en la causa ha declarado que los sindicatos cobraban comisiones ilegales de hasta un 20% en la subcontrata de cursos a terceros. CCOO y UGT han anunciado que se querellarán por esta acusación.

Las relaciones de los líderes de los dos principales sindicatos en la comunidad sí es “fluida”, confirman ambos agentes sociales, aunque la dirigente de UGT-A, Carmen Castilla, está atrapada por el propio escándalo de su sindicato. Más aún después de que sus antecesores Manuel Pastrana y Francisco Fernández hayan sido imputados en el caso de presunta financiación ilegal. Castilla, que prometió hace un año a su llegada medidas de regeneración, lejos de actuar ha cerrado filas y apela a la presunción de inocencia. La debilidad de UGT en Andalucía en estos momentos es clamorosa.

Desde la cúpula regional de CCOO son muchas las voces que reprochan a Susana Díaz una política de grandes anuncios y titulares que tapa una “parálisis gorda”, en palabras de un destacado dirigente, de la administración andaluza. Tampoco gusta a los sindicatos la política de reuniones y fotos de la presidenta con los grandes del Ibex 35. Se preguntan retóricamente “cuántos empleos ha destruido La Caixa en Andalucía y cuántos créditos a buen interés tendrían que habilitar para compensar esto”.

“Nos dijeron que a principios de septiembre nos íbamos a volver a sentar y desde entonces solo hay silencio, silencio y silencio”, reprochan al Gobierno andaluz desde CCOO. Los sindicatos además lamentan que esta ocasión han estado más apartados que nunca de la elaboración del próximo Presupuesto andaluz. El divorcio es sonado y llega en pleno récord de paro en Andalucía.

La Junta entierra Forja XXI, mimada con 5,5 millones en cursos de formación

Heredera de la Expo 92 de Sevilla, la Fundación Forja XXI, uno de los entes instrumentales mimados por la Junta con al menos 5,5 millones de euros en cursos de formación, ha entrado en concurso necesario –no voluntario– de acreedores. CajaGranada exige los 2,4 millones de euros que le adeuda. La entidad financiera reclama esta cantidad que espera “recuperar”, según confirma a El Confidencial un portavoz oficial de la caja, vía la administración concursal que dirige el abogado José Luis Gómez Roldán.

En el Boletín Oficial del Estado del pasado 2 de octubre se especifica que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), “suspende el ejercicio por la entidad concursada de las facultades de administración y disposición de su patrimonio, siendo sustituida por los administradores concursales”. Con este tipo de concurso la fundación está intervenida, ha perdido todas sus facultades y no puede continuar con su gestión. Forja XXI se encargó de la formación de los extrabajadores de Delphi, al recibir 1,5 millones de euros en noviembre de 2009.

El declive de la fundación comenzó hace un año y medio cuando los acreedores bancarios deciden pignorar los derechos de cobros de los cursos de formación al mismo tiempo que la Junta decide no pagar. Esta situación provocó que la gerencia, pilotada por su director general, Juan José Ruiz Márquez cuñado de Luis Pizarro, número 2 del PSOE andaluz con Manuel Chaves y consejero de Gobernación con José Antonio Griñán, y miembro del selecto club de Alcalá de los Gazules acudiera a los patronos, entre los que destacan la Junta, el Ayuntamiento de Sevilla, Unicaja y empresas como Abengoa o Persán. Se trataba de intentar aliviar sus problemas de tesorería. "Ni se está planteando la disolución de la Fundación, ni un concurso de acreedores ni nada”, sentenció Ruiz el pasado mes de marzo. El director general fue condecorado, en presencia de Chaves, con la Gran Cruz al Mérito Militar.

El exsecretario general de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán. (Efe)

Creada por Jacinto Pellón

CajaGranada, una entidad integrada en el grupo BMN, ya sin las influencias políticas de otras entidades que operan en Andalucía como la malagueña que preside Braulio Medel (imputado en el caso de los ERE), reclamó una deuda de 2,4 millones de euros. “O le refinancio o se la exijo judicialmente”, planteó la entidad granadina, según explican a este diario fuentes cercanas a esta fundación constituida en febrero de 1992 con el impulso decidido de Jacinto Pellón, presidente y consejero delegado de la Sociedad Estatal para la Expo 92.

SumarioLa Fundación Forja XXI consiguió refinanciarse. La sede de la fundación en Córdoba se hipoteca y estudian ejecutar el mismo procedimiento en Sevilla, la ubicación central, en la antigua Hacienda Su Eminencia. Los 27 trabajadores en plantilla (llegó a tener 600), más otra cantidad similar dedicados a la prestación de servicios en proyectos internacionales en Marruecos, empezaron ya a primeros de 2014 a dejar de cobrar. A finales de julio se presentó el concurso de acreedores, poco después de cerrar la escuela de jardinería Romero Murube de Sevilla.

Si la Junta de Andalucía decide no abonar el dinero de los cursos de formación, la liquidación será un hecho y CajaGranada no cobraría el crédito. “Nosotros no lo damos como fallido, vamos a intentar recuperar lo que podamos para ejecutar las garantías que se dieron en el momento de la operación”, señala a este diario el portavoz de CajaGranada. La Fundación Forja XXI forma parte de los nueve expedientes sancionadores a empresas por simulación de contratos en ayudas en cursos de formación impuesta por Alaya.

‘Pepín’ se desentiende

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha estado desde hace un año intentando evitar a toda costa el concurso para la fundación, clasificada en julio de 2004 por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales como de “Beneficencia particular de carácter mixto”. Pero no ha sido posible. Pepín Sánchez Maldonado, consejero del Gobierno de Susana Díaz, se ha querido desvincular ahora de este cierre. “No tenemos nada que ver con la fundación, no somos patronos”, subrayan a este diario fuentes próximas al consejero.

Susana Díaz y el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado. (Efe)

Eso sí, la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, departamento que forma parte del organigrama de esta consejería, ya cuando empezó a no pagar las nóminas de sus trabajadores, recibió en marzo de 2014 una cantidad de 638.862,56 euros, como consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 13 de mayo de 2014. En mayo de 2013 la Fundación Forja XXI también había conseguido 954.834,95 euros.

En una entrevista concedida por Ruiz Márquez a Andalucía Información el 27 de mayo de 2012, el director general de la Fundación Forja XXI admitía que se financiaban “a través de las aportaciones tanto públicas como privadas. Sobre todo, de todas las administraciones públicas. Tenemos convenios con todas las instituciones como ayuntamientos, diputaciones, la Junta de Andalucía y con el Gobierno de la Nación, dependiendo del programa que se determine”.

Ahora ese grifo público está agotado. El cuñado de Luis Pizarro no da la cara ante la plantilla. La Junta de Andalucía entierra la fundación y CajaGranada quiere cobrar. Se trata de un inevitable adiós a una fundación siempre mimada desde aquel ya remoto 1992.
Abren los colegios electorales en Túnez para las legislativas
Los 10.972 colegios electorales de Túnez abrieron hoy sus puertas desde las 07.00 hasta las 18.00 hora local (06.00-17.00 GMT) para las primeras elecciones legislativas democráticas y libres después de la promulgación de la Constitución del 27 de enero pasado. En estas segundas elecciones legislativas del Túnez democrático las fuerzas más visibles son los islamistas moderados del movimiento Al Nahda y los conservadores laicos de Nidá-Túnez, que junto a otras agrupaciones y partidos se disputarán los 217 escaños en juego para la nueva Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP). Según informó la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), 5.680.666 electores podrán ejercer su derecho al voto, de los que 359.530 en el extranjero, mientras que el resto lo harán en alguna de las 27 circunscripciones electorales en las que se divide ese país norteafricano. Están inscritas 1.327 listas de candidatos de 20 partidos políticos, otro tanto de coaliciones y otras compuestas por independientes. Las elecciones cuentan con equipos de observadores de la Unión Europea, la ONU, la Unión Africana, la Liga Árabe y el Centro Carter, entre los más destacados a nivel internacional. También supervisarán el proceso entidades locales como la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH), la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD) y la ONG "Al Muraquibun" (Los supervisores). Un centro de información del ISIE organizado en el Palacio de Congresos del centro de la capital tunecina recogerá los datos del recuento de votos al final de la jornada electoral. El recuento se hará de forma manual por duplicado, aunque el ISIE dispone de tres días para anunciar los resultados definitivos. Estas elecciones son las primeras libres y democráticas tras la promulgación de la nueva Constitución del 27 de enero pasado, que inauguró la "II República" y que pondrá fin a la transición política actual, pudiendo servir de modelo para el futuro en otros países árabes.
Abrieron los colegios electorales para comicios legislativos de Ucrania
Los colegios electorales de Ucrania abrieron sus puertas a las 08.00 hora local (06.00 GMT) para unos comicios legislativos que son boicoteados en las zonas rebeldes del este del país controladas por los insurgentes prorrusos. Cerca de 37 millones de ucranianos están convocados a las urnas para elegir una nueva Rada Suprema (Parlamento), unas elecciones anticipadas tras el triunfo, hace ocho meses, de la revuelta popular que derrocó al antiguo régimen de Víktor Yanukóvich. Todos los sondeos otorgan una mayoría de votos, de entre el 30 y el 50 %, al Bloque electoral del presidente Petró Poroshenko, que agrupa a formaciones y figuras del Maidán, la emblemática plaza de Kiev que fue escenario de las revueltas proeuropeas. También entrarán en la Rada otros partidos favorables igualmente a la integración con la Unión Europea y la OTAN, como el Frente Popular del actual primer ministro, Arseni Yatseniuk, entre otros. Según el sistema electoral ucraniano, de los 450 escaños de la Rada, el 50 % (225) se elige por listas de partido y la otra mitad por circunscripciones electorales, lo que hace difícil vaticinar los resultados con certeza. Los separatistas prorrusos boicotearán las elecciones en 15 de las 32 circunscripciones de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, según informó la Comisión Electoral. Los 50.000 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional que están desplegados en la zona de conflicto se encargarán de garantizar la votación, mientras en el resto del país más de 100.000 policías se encargarán del orden público durante la jornada del domingo. Tampoco habrá elecciones en las 12 circunscripciones de la península de Crimea, anexionada por Rusia en marzo pasado, por lo que finalmente sólo serán elegidos 423 de los 450 diputados de la Rada Suprema (Legislativo). Los colegios electorales permanecerán abiertos doce horas, hasta las 20.00 hora local, momento en que serán difundidos los primeros sondeos a pie de urna.
Noviembre, mes del jazz en Madrid
El Festival Internacional vuelve con 21 conciertos, debates, cine y programación en salas de La Noche en Vivo.
Detrás de la proliferación de las ONG hay un enorme negocio
Ha estado en muchos de los escenarios catastróficos del mundo en las últimas décadas. Fue pionero en la aplicación en Andalucía de métodos para atender las emergencias sanitarias.
La Audiencia de Sevilla anula por primera vez una cláusula suelo
La califica de "abusiva" y no permite a una entidad bancaria que la aplique en un auto de procedimiento de ejecución hipotecaria
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