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Alerta de la Fiscalía por proceso de Interbolsa

Por medio de una carta dirigida a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucia Olano, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le solicitó se considere la posibilidad de designar un juez y un magistrado para que “se dedique exclusivamente” a llevar el proceso judicial del caso Interbolsa, que ya completa cuatro años sin tener avisoramiento de ser culminado.

“Me veo en la obligación de renovar nuestras solicitudes del 23 de diciembre del 2016 y el 13 de enero de 2017, en el sentido que considere la posibilidad de designar un juez y magistrado con dedicación exclusiva para atender este proceso o que se adopte cualquiera de las medidas a disposición de esa Corporación, para evitar que los esfuerzos de la administración de justicia en su conjunto, no culminen con fallos absolutorios”, se lee en el documento.

Sumado a esto, el fiscal mostró su preocupación e hizo una radiografía del proceso luego de percibir que en la etapa de juzgamiento no se han tenido avances.

“Me dirijo a su despacho con el propósito de expresarle la preocupación de la Fiscalía General de la Nación en relación con el curso del juzgamiento del caso conocido públicamente como Interbolsa, cuyos hechos se contraen al mes de noviembre del año 2012 y donde se radicó escrito de acusación desde marzo del año 2014 es decir hace ya tres años”.

Por lo que añade en su documento que pese a este tiempo “aún no es posible hacer un pronóstico claro respecto de la época que culminará ese juicio, ya que cuatro años después de haberse formulado la imputación, continuamos en audiencia preparatoria sin que se avizore la iniciación del juicio oral”.

En la misiva, el fiscal asegura que la dilación del proceso obedece no solo a la complejidad del caso, sino también a la carga laboral que tiene el despacho, pues el jefe del ente acusador ha conocido que en muchas ocasiones las audiencias han sido reprogramadas por cuenta de inasistencias, entre otras causas, lo que permite favorecer la estrategia de la defensa.

En el mismo documento, el fiscal dejó en evidencia “algunas particularidades” del proceso donde argumentó que la judicialización se adelanta en contra de nueve personas.

Indicó además que el paro judicial registrado a finales del año 2014 dificultó aún más la situación, ya que en aquella oportunidad no pudo realizarse el reconocimiento de las víctimas, lo que implicó una demora de tres meses más.

Sumado a eso, aseguró que la defensa de los implicados han pedido la conexidad procesal en dos ocasiones, por lo que se han suspendido las audiencias de acusación y declaratorias por al menos seis meses.

Igualmente, afirmó que pese a que la Fiscalía expuso el material probatorio del caso en el mes de junio del 2015, la defensa un año después argumentaba que aún no tenía tiempo suficiente para recaudar los elementos probatorios y de esta manera continuar con su labor.

El fiscal, encontró además que por un error de un juez penal del circuito de Bogotá, quien en función de Control de Garantías, negó “el ejercicio del derecho de defensa a uno de los investigados”. El proceso fue suspendido por 10 meses más hasta que surtió el trámite de nulidad sugerido por la Corte Suprema de Justicia.

Sobre la audiencia preparatoria que está en curso desde hace un año el fiscal reveló que la defensa de los procesados ha solicitado incorporar al juicio 1347 elementos probatorios y la declaración de 625 testigos en juicio.

En cuanto a estas peticiones, el juez debió tomar decisión el pasado 17 de enero, sin embargo, la diligencia fue aplazada para el próximo 29 de enero.


[in Noticias de Colombia | El Colombiano]
Asesinato de exmiembros de las Farc no se detiene

Pese a los esfuerzos que el Gobierno viene haciendo para proteger la vida de los exguerrilleros de las Farc que dieron el paso a la legalidad, los siguen asesinando.

Los cálculos varían de acuerdo a quien dé la información: el presidente Juan Manuel Santos reconoció ante “Pepe” Mujica y Felipe Gonzalez, expresidentes de Uruguay y España garantes de la implementación, que desde la firma del Acuerdo en el Teatro Colón habían asesinado 33 excombatientes, a los que deben sumarse el homicidio de otros dos el martes pasado en Peque, Antioquia, y 12 de sus familiares; sin embargo, las Farc aseguran que son 36 exguerrilleros y 13 allegados muertos.

El mandatario explicó que hasta el momento se han implementado 112 esquemas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para brindar seguridad a 123 integrantes del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que estarían en alto riesgo.

Pero no ha sido suficiente para detener las acciones que parecerían hechos aislados, pero al sumarse evidencian la grave problemática para los que dejaron las armas.

El exterminio es una preocupación constante de Farc. El recuerdo de lo que ocurrió con la Unión Patriótica, UP, hace tres décadas, aparece recurrentemente, y el aumento de excombatientes asesinados reportados cada semana hace que reclamen por protección.

El movimiento señaló en un comunicado que “ve con preocupación que la cultura de eliminación física de la oposición siga haciendo carrera en Colombia, y que no se cumpla con brindar garantías de seguridad para el ejercicio de la política al nuevo partido surgido de la transformación de las Farc”.

Por esta razón hicieron un llamado al Estado y a las autoridades competentes a pronunciarse frente a los “sistemáticos asesinatos” y “tomar medidas para que no se repita un genocidio político como lo ocurrido con la UP”.

Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que los esfuerzos del Ejecutivo están dando resultados: “Si comparamos con lo que ocurrió con los excombatientes de los grupos paramilitares que se desmovilizaron como consecuencia del proceso de paz adelantado entre el 2004 y el 2006, según el hoy vicepresidente de la República (Óscar Naranjo), que para esa época fungió como director Nacional de la Policía, cerca de 700 excombatientes fueron asesinados durante el año posterior a la desmovilización, en este caso la cifra de los excombatientes de las Farc asesinados ha sido menor: no supera las 50 personas”.

El ministro Rivera explicó que las personas a quienes se les otorgan esquemas de protección son seleccionadas por una comisión mixta integrada por cinco delegados del Gobierno Nacional y cinco de las Farc, por lo que ese partido político participa en igualdad de condiciones al Ejecutivo a la hora de determinar el riesgo.

Aseguró, además, que varias de las víctimas no contaban con ninguna medida especial de protección, como es el caso de Wilmar Asprilla Allim y Ansel de Jesús Montoya Ibarra asesinados en Peque, porque las Farc no lo solicitaron. EL COLOMBIANO conoció un documento de la UNP en el que la entidad confirma que “no se encuentran solicitudes de asignación de medidas de protección”, por parte de ambos excombatientes.

Ya las autoridades manejan hipótesis sobre ambos homicidios. Según el general Carlos Rodríguez, comandante Región 6 de Policía, sostuvo que al parecer serían miembros del Clan del Golfo, también conocidos como “los Urabeños”, quienes perpetraron el ataque, lo que habría ocasionado diferencias dentro de esa organización criminal.

No obstante, las investigaciones son lentas. Según el informe de la Presidencia, solo cuatro de 40 casos determinados están en juicio, el resto se mantienen en indagación o investigación.

Es importante resaltar que esta semana llegó a la oficina del partido Farc un panfleto supuestamente enviado por el Clan del Golfo en el que amenazaban a los exguerrilleros y a las sedes políticas. El Gobierno prometió seguridad y aún no se ha establecido la veracidad del papel.


[in Noticias de Colombia | El Colombiano]
225 medicamentos a menor precio, alivio para el sistema y los pacientes

Controlar el precio de los medicamentos es una lucha que se inició en 2011, pero se aplica desde 2013. Aunque genera ahorros en los recursos del sistema de salud y a los pacientes, la industria farmacéutica reclama porque sus ingresos se ven mermados y la investigación científica que da como resultado las patentes la consideran vulnerada.

La más reciente decisión del Ministerio de Salud apunta a que 225 medicamentos bajen de precio desde ahora, incluyendo algunos para tratamientos contra el cáncer, antibióticos y anticonceptivos, como la llamada píldora del día después.

La decisión del ministro, Alejandro Gaviria, ha sido bien recibida por usuarios, organizaciones defensoras de los pacientes y hasta en el gremio de las EPS, porque representa un ahorro para el sistema de salud y, naturalmente, para los usuarios, al acceder con facilidad a los tratamientos y, además, ha generado un ahorro de $1 billón anual.

“No es la única medida adoptada. La promoción de la competencia lograda al agilizar el ingreso de genéricos al mercado; las negociaciones centralizadas, que se estrenaron con los medicamentos contra la hepatitis C, y la declaratoria de interés público para un anticancerígeno, el famoso Glivec (imatinib)”, explica Gaviria. El nuevo ahorro será de $57.300 millones.

El Ministerio resalta que tuvo en cuenta diferentes variables, “pero fundamentalmente su importancia epidemiológica y su elevado precio”. El promedio de la reducción de precios alcanza el 32 %. Ahora son 1.031 medicamentos.

El vocero de la Asociación de Usuarios de la EPS Medimás, Germán Loaiza, reconoce que de esta manera podrán ser formulados los medicamentos con mayor facilidad y, “podremos acceder a ellos, ojalá, sin tanto complique”.

Ante esto, Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), destaca que lo que ha “hecho este ministro, porque hay que decirlo, estas decisiones se toman desde que llegó, permite que los médicos puedan formular medicamentos y cuidar la plata del sistema”.

El vocero de las EPS recuerda que en 2010, bajo el gobierno Uribe Vélez, “no hubo regulación de precios, lo que algunos farmacéuticos aprovecharon para vender a precios superiores, incluso, que los que se cobran en Europa”.

Estas decisiones han generado debates y ha enfrentado a Gaviria ante disputas contra grandes poderes económicos y políticos, como la industria farmacéutica, que cada vez que este tipo de decisiones se adoptan en Colombia, encienden las alertas.

En 2016, por ejemplo, Novartis le plantó lucha al Ministerio por la decisión de controlar precios a Imatinib, para tratar leucemia y otros tipos de cáncer. Por esto, Arias describe esta puja como “David contra Goliat”, en la que David es Gaviria.

El lío se da porque, al ser menos costosos, las farmacéuticas recibirán menos plata por la compra de sus medicamentos, entonces argumentan que son los propietarios de las patentes, como sucedió.

El ministro asegura que estos líos, que tienen hasta corte diplomático e incluyen “amenazas”, como la carta que envió el pasado lunes el grupo Phrma, incluyendo hasta un posible riesgo para que “Colombia acceda a la OCDE” y la carta que envió Gran Bretaña a Minsalud en 2013, por cuenta del antibiótico Menorem, se enfrentan así: “Lo que hacemos es usar las herramientas permitidas en nuestra legislación y en los acuerdos internacionales”.

Si bien el panorama es complejo, el vocero de las EPS sostiene que aunque Goliat parte con ventaja, “David podría tener aliados en otros país en desarrollo, si tomaran la misma decisión, así que tomaría fuerzas, porque no sería el único país con el que se enfrentarían las farmaceutas”.


[in Noticias de Colombia | El Colombiano]
Sergio Fajardo no da el brazo a torcer

En abril de 2010, el candidato presidencial Sergio Fajardo escuchó el clamor de muchos ciudadanos que le pedían que se uniera Antanas Mockus, desistió de su proyecto y aceptó la invitación de este de ser su fórmula vicepresidencial.

Previo, se abstuvo de participar en la consulta de marzo de ese año en el Partido Verde, con Mockus, Enrique Peñalosa y ‘Lucho’ Garzón. En ese momento Fajardo tenía aval por firmas y lista propia para el Congreso, que al final no obtuvo ninguna curul.

Aunque en un contexto diferente, Fajardo enfrenta hoy ese mismo dilema. En diciembre pasado, por consenso, los precandidatos del Verde y el Polo Democrático adhirieron a su campaña, pero ahora, desde el centro y la izquierda lo están invitando para que participe en una consulta.

No obstante, en diálogo con EL COLOMBIANO, el exgobernador dijo que quienes proponían alianzas estaban en todo su derecho, pero enfatizó que la posición que tomó la Coalición Colombia sigue vigente y que no participará en ninguna consulta interpartidista el 11 de marzo.

Sobre si aceptaría una alianza con Humberto de la Calle (Partido Liberal), sin que medie una consulta, respondió que la coalición que ya construyó es un hecho inédito en la política colombiana, que no es fortuita sino que es el fruto de un trabajo deliberado durante un año, entre personas con ideas muy diferentes, que han sido contradictores.

“Tenemos listas al Congreso en el Polo Democrático y la Alianza Verde. No se pudo hacer la lista conjunta con estos y Compromiso Ciudadano, porque no pasó la reforma política. Tenemos unas bases programáticas. Somos una coalición ejemplar, y todos quieren con nosotros”.

Pedro Pemberty, director del Departamento de Ciencia Política de la U. Nacional, sede Medellín, dijo que más que la posición de Fajardo es la decisión de sus otros “socios”, que solo quieren que él trabaje para sus listas de Congreso, para asegurar la personería jurídica. “Es el precio que tiene que pagar Fajardo por esa unión”.

Al respecto, Angélica Bernal, docente de Ciencia Política de la U. Jorge Tadeo, dijo que la alianza posible para Fajardo ya está hecha y quiere ser el candidato y no lo va arriesgar más. “Es equivocada no que no participe en una consulta, pero puede estar pensando en no perder votos con su electorado de derecha”.

La consulta de la izquierda, entre Carlos Caicedo, Clara López y Gustavo Petro ya está en marcha, pero la de la centro derecha está a la espera de la respuesta de Marta Lucía Ramírez al ultimátum del expresidente Álvaro Uribe al expresidente Andrés Pastrana, en el sentido de que acepte que en el proceso de consulta entre Alejandro Ordóñez.

Ramírez llegó ayer a Venezuela, recorrió supermercados y zonas populares, y tuvo un diálogo con varios dirigente de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos María Corina Machado.

Por su parte Iván Duque viajó a España a un foro económico. Dialogó con dirigentes, entre ellos el expresidente español José María Aznar. De allá anunció que como presidente pediría a la Corte Penal Internacional agilizar demanda contra Nicolás Maduro que él presentó junto a senadores colombianos y chilenos.

Ordóñez, quien ahora se siente blindado por el expresidente Uribe y apoyado por Duque, dijo que siempre ha creído en la consulta y que espera que Ramírez haga parte de ella. “Es nuestra responsabilidad patriótica”.

Ante este panorama, Bernal manifestó esta coalición pasa por un momento crítico y afirmó que si a Ramírez no le respetan el acuerdo de hacer la selección por encuesta, es probable que no acepte ir a la consulta y vaya sola.

Según Pemberty, la carta de Uribe a Pastrana no plantea un sin salida, sino que es un capítulo de una novela con muchos capítulos. “Uribe no es de ultimátum, y Pastrana no es de soportarlos. Seguro ambos grupos buscarán una fórmula para seguir juntos y hasta crecer con otros aspirantes como Juan Carlos Pinzón y Viviane Morales”.

En el fajardismo ven con buenos ojos a Ramírez y podrían invitarla a trabajar con ellos si decide no participar de la consulta Uribe-Pastrana. En el 2009 Fajardo y Ramírez intentaron construir un proyecto conjunto, conocido como “los quíntuples”, junto con Mockus, Peñalosa y Garzón, que al final no despegó.


[in Noticias de Colombia | El Colombiano]
Conservadores apostarán al candidato ganador

Cuando casi todas las colectividades tienen definido con quien participarán en la elección presidencial, el Partido Conservador no sabe qué camino coger. Lo que sí tienen claro es que le van a apostar al candidato ganador como lo han hecho durante las últimas elecciones.

Ante los reclamos de los precandidatos Rubén Darío Lizarralde y Ubeimar Delgado de que la colectividad no quiere tener candidato propio, el presidente conservador, Hernán Andrade, respondió invitando a Luis Alfredo Ramos, quien pudo haber sido candidato del uribismo; y a los candidatos por firmas Juan Carlos Pinzón y Marta Lucía Ramírez , para que conformen la “gran selección Colombia” .

La invitación a los demás sectores se dio luego de una reunión entre los precandidatos y la bancada conservadora. El motivo fue que ninguno de los precandidatos inscritos se muestra sólido en la carrera presidencial. Así las cosas, el partido decidió tomar la decisión de ir a una convención virtual, el próximo 4 de febrero, para definir si van o no con candidato propio.

Esta decisión, en síntesis, cierra la puerta a los actuales precandidatos para ser la cabeza de la colectividad; al partido de participar en una consulta interpartidista y de nuevo toman la ruta de escoger al candidato que mejor sombra les dé.

Consultados por EL COLOMBIANO Ubeimar Delgado y Rubén Darío Lizarralde aseguraron que no les gusta la convención, pues no brinda las garantías de aglomerar el voto de las bases conservadoras. Su preocupación también está en que pueden manipular el resultado.

Según Delgado, el partido está secuestrado por la dirección, “no tenemos democracia interna; quedamos en manos del Presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Presidente ilegitimo del Directorio Nacional, Hernán Andrade, y del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien maneja la chequera”.

Además a los conservadores se les agota el tiempo para definir si participarán en una consulta interpartidista, pues la Registraduría dio plazo hasta el próximo lunes para que las colectividades definan quienes aspirarían en la consulta.

Bladimiro Córdoba, miembro de directorio conservador, aseguró que los dos candidatos no han realizado su trabajo con las bases “no han ido a las regiones, ellos no registran y hacerles caso sería llevarnos al despeñadero. Como están las cosas hay que buscar una alianza o someterlos a una consulta con otros sectores”.

Pese a que la convención del 27 de noviembre 2016 definió que los conservadores tendrían candidato propio para las elecciones presidenciales, dicha decisión aún no se ha dado, y al parecer está lejos.

Otra colectividad que fue protagonista en las anteriores elecciones, el Partido de la U, está en las mismas esperando para ver cuál es el candidato que tiene más posibilidades para unírsele antes de las elecciones y así obtener representación burocrática en el siguiente gobierno.

Cabe anotar que el Partido Conservador hace más de 20 años no respalda en bloque a sus candidatos a la presidencia. Noemí Sanín, Marta Lucía Ramírez y Juan Camilo Restrepo no han logrado el apoyo de las bases y los congresistas terminan sumándose al candidato ganador. Ya es habitual la división en elecciones.

Según Vicente Torrijos, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, “los conservadores han padecido de una crisis entre los liderazgos regionales y locales y el liderazgo nacional. En el ciudadano de a pie subsiste un sentimiento conservador como una fuerza muy importante, pero no hay quien la consolide”.

Agrega que al no existir un liderazgo claro “eso los lleva a tomar la conducta de sumarse a quien más posibilidades tiene de llegar al poder”.

Según el analista, el guiño que le hicieron a el candidato Juan Carlos Pinzón es la manifestación de esa crisis pues “lo identifican como alguien conocido y que se ha movido en el ámbito burocrático, pero es una alianza que en este momento parece descabellada”.


[in Noticias de Colombia | El Colombiano]
Más resultados en seguridad pide Santos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, manifestó este jueves que está demandando mayores resultados en materia de seguridad ciudadana en Bogotá y el resto del país.

“Les he dicho al Ministro de Defensa y a las autoridades policiales que necesito mejores resultados en los indicadores de hurto a personas y hurto de celulares, que desmejoraron el año pasado en Bogotá y en el país”, subrayó el Jefe del Estado.

Santos destacó que Colombia está construyendo la paz, en un proceso que apenas comienza, pero los resultados ya comienzan a verse y miles de vidas se han salvado gracias al fin del conflicto.

“Hemos avanzado, pero queda mucho por hacer. Sabemos, por ejemplo, que la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los bogotanos”, expresó el presidente, quien añadió que “nadie debería tener miedo de sacar el celular en el bus o de caminar de noche por la calle”.

El mandatario indicó que el trabajo con la administración distrital y las autoridades ha permitido mejorar la seguridad, “sobre todo reducir la tasa de homicidios, que ya es la quinta más baja entre las principales ciudades del país”.

“Pero los ciudadanos, con razón, piden más resultados, y en eso estamos trabajando”, advirtió.


[in Noticias de Colombia | El Colombiano]
Corte respalda fumigación terrestre y erradicación de cultivos ilícitos

La Corte Constitucional respaldó la política de fumigación terrestre de cultivos ilícitos, la erradicación manual y de la sustitución de los mismos.

Al negar una tutela de la Defensoría del Pueblo que buscaba frenar la erradicación en el Putumayo, la Corte determinó que “el Estado ha actuado de manera diligente en la implementación de una política con un claro desarrollo progresivo”.

“En cuanto a la pretensión del Defensor del Pueblo de que se suspenda la erradicación manual forzosa y las fumigaciones con glifosato, que actualmente son terrestres por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, esta Sala recuerda que dichas actividades se enmarcan dentro del desarrollo de la política criminal y antidrogas del Estado, por lo que no es procedente que el juez constitucional se inmiscuya en ellas, a menos que se observe que en su ejecución se está amenazando o desconociendo derechos fundamentales”, señaló la Corte.

La Sala determinó que si bien en el pasado hubo afectación de derechos en los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Puerto Guzmán, esto se ha venido superando  y corrigiendo mediante la implementación de una política de desarrollo progresivo que “apunta a evitar la ocurrencia de situaciones generadoras de desplazamiento y la presencia de víctimas de accidentes con minas antipersonal o municiones sin explotar”.

“Para la Corte, resulta importante aclarar que la decisión sobre el mecanismo de erradicación que se utilice en el territorio colombiano para destruir los cultivos ilícitos, hace parte de la política antidroga del Gobierno Nacional, quien deberá a través del Consejo Nacional de Estupefacientes, optar por el mecanismo que, atendiendo a los conceptos técnicos y las recomendaciones de organismos internacionales sobre la seguridad del químico y el método a utilizar, sea el más eficiente para la lucha contra el narcotráfico”.

En todo caso, la Corte recordó ordenó varias medidas de protección para prevenir que, hacia el futuro, se presente un nuevo escenario de afectación frente a los derechos a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal de los habitantes de dichos municipios.

En ese sentido, los municipios deberán, si no lo han hecho, “elaborar o actualizar los Planes de Contingencia y los Planes de Prevención y Protección de Derechos Humanos y DIH”, con enfoque diferencial y atendiendo a las particularidades de grupos poblacionales vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, la población en situación de discapacidad, los adultos mayores, las comunidades indígenas y los afrocolombianos.

La Corte igualmente advirtió al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional que deben fortalecer los programas de capacitación a los integrantes de los Grupos Móviles de Erradicación y al personal de la Fuerza Pública que los acompañe, “en el respeto a los derechos humanos, particularmente de las víctimas del conflicto armado, enfatizando en el trato diferencial que se deberá tener respecto de los grupos poblacionales vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, la población en situación de discapacidad, los adultos mayores, los indígenas y los afrocolombianos, de manera que se evite cualquier práctica de estigmatización”.

Y, finalmente, la Corte advirtió a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional para que se  de estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental para la aspersión de cultivos ilícitos que se encuentre vigente en el departamento de Putumayo y a las modificaciones que de éste que se hagan en el futuro.

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